El Gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley para luchar contra el desperdicio de alimentos y evitar que se tiren más 1.300 millones de kilos de comida al año, unos 31 kilos por persona, según los datos de 2020.
¿Qué es el desperdicio de los alimentos?
El desperdicio o la pérdida de alimentos son alimentos que no se comen. Las causas del desperdicio o pérdida de alimentos son numerosas y ocurren en todo el sistema alimentario, durante la producción, procesamiento, distribución, venta al por menor y consumo.
La pérdida y el desperdicio mundial de alimentos ocasiona que se pierdan entre un tercio y la mitad de todos los alimentos producidos a nivel global. En los países de bajos ingresos, la mayor parte de las pérdidas se producen durante la producción, mientras que en los países desarrollados gran parte de los alimentos (unos 100 kilogramos (220,5 lb) por persona por año) se desperdicia en la etapa de consumo.
¿A quién afecta la nueva ley contra el desperdicio?
Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado la atención sobre estos datos, que suponen la pérdida de 250 euros por persona. La ley tiene como objetivos “regular y concienciar” y “da respuesta a una necesidad social”, ha destacado. Por un lado, “regula el uso preferente de los alimentos para consumo humano”, favoreciendo la donación, y por otro trata de “concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos”
El Gobierno multará a restaurantes, supermercados y empresas que tiren comida. Los restaurantes deberán ofrecer a los clientes tápers reciclables para llevarse los alimentos que no hayan consumido sin ningún coste adicional. Con esta medida se pretende reducir a la mitad el desperdicio alimentario antes del 2030.
¿Cuál es el objetivo de esta nueva ley?
La prioridad de la ley es destinar los desperdicios al consumo humano a través de la donación a empresas, ONG o o bancos de alimentos. El ministro ha reconocido que esto puede suponer un coste extra para las empresas. Estas tendrán que garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro.
Los alimentos que no sean aptos para el consumo humano se destinarán la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria y la obtención de compost o biocombustibles.