El delito de enriquecimiento ilícito es un tipo de corrupción política que consiste en el incremento del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado.
Reforma del código penal
Con esta reforma las autoridades cuyo patrimonio se incremente durante el ejercicio del cargo público en más de 250.000 euros sin justificación podrán ser castigadas con hasta 3 años de cárcel, inhabilitación de 2 a 7 años y una sustanciosa multa.
Se enfrentarían a estas condenas las personas que se negaran “abiertamente a dar el debido cumplimiento de los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación”.
El delito de enriquecimiento ilícito
Este delito, no tipificado en España, aunque el enriquecimiento injustificado sea utilizado como medio de prueba indiciaria para acreditar otros hechos, no es ajeno al orden internacional, ni al derecho comparado; el primero lo recomienda como medida insustituible para la persecución de la corrupción; los segundos, lo contemplan y lo aplican con resultados satisfactorios. De este modo, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, en su art. 20, aconseja su tipificación entendiendo por tal “el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado por él”. De la misma forma o similar se pronuncia el art. IX de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Delito de malversación
La enmienda llega en paralelo a la que Esquerra Republicana (ERC) presenta este viernes sobre la malversación. La formación independentista plantea dividir este último delito siguiendo el redactado en 2015, cuando fue reformado por partido que entonces se encontraba en el Ejecutivo.
El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejó muy claro que estaba dispuesto a aceptar la reforma del partido catalán si este la planteaba en el día de hoy en una de las enmiendas que registrarán todos los grupos a la reforma del delito de sedición.